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Regulación de los CFD

Los CFDs son productos financieros que se encuentras sujetos a las normas de abuso de mercado, están bajo la aplicación de la Ley de Mercado de Valores (LMV) y su ofrecimiento está sujeto a las mismas normas de conducta que el resto de productos equivalentes.

La CNMV interpreta que estos contratos tienen naturaleza financiera, y según la letra b) del apartado segundo del art. 2 de la Ley del Mercado de Valores, podríamos precisar que más bien son instrumentos financieros. Según dice esta letra, también quedan comprendidos dentro del ámbito de la LMV los siguientes instrumentos financieros: “Los contratos financieros a plazo, los contratos financieros de opción y los contratos de permuta financiera, siempre que sus objetos sean valores negociables, índices, divisas, tipos de interés, o cualquier otro tipo de subyacente de naturaleza financiera, con independencia de la forma en que se liquiden y aunque no sean objeto de negociación en un mercado secundario, oficial o no”. Aquí podemos ver la inclusión de los CFD, como un contrato a plazo con subyacente financiero “con independencia de la forma en que se liquiden”.

Además, las entidades que emitan este tipo de contratos deben de dotarse de procedimientos para garantizar que disponen de información sobre la situación financiera, conocimientos, experiencia inversora y objetivos de inversión de sus clientes con el fin de determinar si el producto se ajusta a sus necesidades, cuando sea relevante en función del tipo de servicio de inversión que preste a sus clientes en relación con estos productos.

Este tipo de instrumentos financieros puede ser creado de forma estandarizada, integrando una emisión de contratos homogéneos, o de forma individualizada. Cuando integren una emisión, su distribución entre el público deberá venir acompañada de un folleto debidamente registrado en la CNMV. Para aquellos CFD para los que no sea exigible un folleto, el contrato toma una especial relevancia ya que será el documento que regula las condiciones y características de la operación y por tanto es un elemento fundamental para la transparencia del producto y del inversor.

Asimismo, aunque no resulta exigible un contrato-tipo, los contratos que regulen su operativa específica deberán contener todas las menciones necesarias para que el cliente conozca las condiciones de este tipo de operativa y precio de referencia para su liquidación, detalle de los subyacentes o mercado en el que cotizan, entre otros.

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